En el País Vasco, y puede que también en el resto de España, circula la peregrina idea de que la delincuencia política es menos criticable, moralmente, que la delincuencia común. En mi opinión es justamente lo contrario. La delincuencia común produce graves repercusiones sobre las personas que la sufren: los asesinados, los robados, los violados. Pero la delincuencia política afecta a colectividades enteras. Si un policía es asesinado durante un atraco nadie duda de que se trata de un hecho más o menos aislado. Si un policía –o un concejal- es asesinado en un atentado terrorista, por razones políticas, el hecho afecta a toda la colectividad que esas víctimas representan.
Estos días muchos políticos del nacionalismo (y también del socialismo y de la Iglesia) pretenden anegar nuestras mentes lanzando mensajes nada subliminales en los que se sugiere que la forma de acabar con la delincuencia política (la ETA) radica en mimar a los delincuentes (acercamientos, permisos, amnistías) y en acceder a sus reivindicaciones políticas (territorialidad, autodeterminación, etc). Es como si el Estado, para acabar con la violencia sexual, acordase la implantación de burdeles gratuitos para todos (y todas).
Tiene bemoles que un tipo que es responsable de cien asesinatos salga a la calle porque se ha arrepentido y, además, va a misa todos los días. En contraste con cualquier yonqui que se pudre en una mazmorra porque no es capaz de superar su drogodependencia y, en cuanto sale, se pone a traficar sin pensárselo dos veces.
Pero esto es lo que hay. Lo estamos viendo cada día.
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